El Recurso de Amparo será presentado por la parte interesada, la madre de un joven con Síndrome de Down, muy inteligente que aún no ha entrado al sistema educativo regular como cualquier otro joven, y aún no habla, ni lee, ni escribe, y no por falta de terapia en casa sino por la escasez de oferta académica gratuita y de calidad que le corresponde como ciudadano costarricense de pleno derecho.

Si la situación de tu pariente es similar, eres costarricense y vives en San José, la asesoría es completamente gratuita. Yo misma como Abogada Costaricense seré quien presente el Recurso de Amparo, porque nuestros hijos tienen derecho a la educación inclusiva, a alfabetizarse, a estudiar, y no sólo estar en un aula integrada, sin aprender a sobrevivir y ser independientes, como otras personas con Síndrome de Down en países como España, sí tienen vidas plenas y forman parte de la sociedad, son autónomos, trabajan, tienen pareja, son personas normales.

Pero en Costa Rica, un país que se hacta de decir que es abanderada de los derechos humanos, las personas con síndrome de Down adultas, están con sus padres, por ejemplo: En Alajuelita, nuestro sector, hay varios casos, sólo en el hay 6 jovenes con síndrome de Down, 1 solo de ellos trabaja, él tuvo la oportunidad de estudiar en escuelas privadas pero para el tico de a pie, la realidad, es otra. Daniel es afortunado de estar en la Institución Andrea Jiménez, sin embargo, no se da abasto para la población con discapacidad intelectual, su población aumentó a más de 200 personas con discapacidad.

Como madre sé lo que se siente, y como abogada especialista, conozco los argumentos y las formas legales de escalar el reclamo, porque, después de 4 sentencias a favor de la inclusión de nuestros hijos en el sistema educativo costarricense regular, NO SE HA CUMPLIDO. El MEP hace caso omiso, la C.C.S.S., por su parte, les sigue llamando pacientes con RETARDO MENTAL. Una flagrante burla a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la misma Ley 7600 está diseñada para perpetuar la segregación del colectivo de personas con discapacidad intelectual.

Mientras que las maestras en escuelas privadas y públicas se niegan a atenderles, alegan incapacidad técnica, que no son especialistas en educación especial, etc. Mientras se continúa dejando a nuestros hijos fuera del sistema educativo, condenándolos a ser dependientes de sus padres y cuidadores de por vida, y violando su derecho a una vida independiente y digna, a una educación inclusiva y de calidad, entre otros. Al contrario, en Costa Rica sigue el modelo médico, aunque en papel se llamen a sí mismos inclusivos.

Fuera del papel nosotros los padres y cuidadores sabemos, cuántos de nuestros hijos con síndrome de Down, saben leer y escribir, sabemos cuántos de ellos estudian en escuelas públicas de San José, en las mismas aulas que los niños regulares.

Ustedes y yo sabemos que son muy pocos los casos de éxito de personas con síndrome de Down, en el sector educativo público, cuando la inclusión debería ser de TODOS.

Es el entorno el que tiene que adaptarse a ellos, y no al revés.

En conclusión, yo tengo los argumentos, pero necesito más voces, este es un asunto colectivo, no personal, y mientras más personas exijamos los derechos de las personas con discapacidad, más posibilidades tenemos de lograr su inclusión plena.

Y si nos unimos y juntamos al menos 20 testimonios, podríamos lograr que el Estado cumpla sus obligaciones legales con todos sus ciudadanos con síndrome de Down. Ve al 4. Registro de afectados. Y déjanos tus datos, si tu hijo/a no sabe leer ni escribir, puedes llenarlo tú y contarnos brevemente tu experiencia.

O si lo prefieres puedes escribirme madeleinecasmo@gmail.com, o al WhatsApp +34 666245507

M.Sc. Madeleine Castro Moros.